Estados alistan acciones conjuntas
Gobernadores de la región Centro Occidente del país acordaron ir contra las máquinas tragamonedas ilegales, además de reforzar la seguridad y la coordinación entre estados.
La decisión se tomó durante la Séptima Reunión de Seguridad Regional, realizada en Aguascalientes, donde también se planteó fortalecer los sistemas C5 y mejorar el intercambio de información entre policías cibernéticas.
Al encuentro asistieron las gobernadoras Teresa Jiménez Esquivel, Indira Vizcaíno Silva y Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como los gobernadores Pablo Lemus Navarro, Miguel Ángel Navarro Quintero y David Monreal Ávila.
Uno de los principales acuerdos fue impulsar medidas para frenar la operación de estas máquinas, que —según autoridades— operan de forma irregular y afectan principalmente a menores de edad.
En estados como Jalisco, estos dispositivos se han vuelto comunes en tiendas de barrio y pequeños negocios, donde funcionan sin regulación. Además de facilitar el acceso a menores, su operación representa un foco de irregularidades, ya que generan ingresos en efectivo difíciles de supervisar.
Especialistas han advertido que el problema también tiene un impacto social, ya que estas máquinas pueden generar adicción, especialmente entre jóvenes, y propiciar conductas de riesgo si no se atiende desde el entorno familiar y social.
A esto se suma la preocupación en materia de seguridad. El general Porfirio Fuentes advirtió que estos puntos pueden convertirse en espacios donde se concentran jóvenes por largos periodos, lo que los vuelve vulnerables a dinámicas delictivas.
Incluso señaló que, en algunos casos, estos sitios pueden ser utilizados para la venta de droga, el reclutamiento de personas y como fuente de financiamiento para grupos criminales, por lo que llamó a autoridades de los tres niveles de gobierno a atender el problema de manera coordinada.
La V Región Militar abarca estados como Aguascalientes, Jalisco, Colima, Zacatecas y Nayarit, donde se ha detectado la presencia de estas prácticas.
En ese contexto, el gobernador Pablo Lemus Navarro ya había señalado desde enero que desde el estado se ha propuesto apoyar a los municipios en labores de inspección y vigilancia para retirar estas máquinas; sin embargo, reconoció que aún no se han firmado los convenios necesarios.
“La facultad constitucional de inspección y vigilancia es municipal, pero yo no me quiero lavar las manos, no quiero dejarlos solos ni aventarles la bolita. Yo propuse incluso en el Instituto Metropolitano de Planeación que cualquier municipio que necesitara el apoyo del Estado en labores de inspección y vigilancia, nosotros le podemos entrar, pero necesitamos un convenio porque si no, no tenemos facultades legales para poder entrar”, declaró Lemus a principios de este año.
