Mover la elección de jueces y magistrados federales a 2028 no resuelve el problema de fondo de la reforma judicial, sostuvo el diputado federal Mario Iñiguez Franco, representante del Distrito 03 con cabecera en Tepatitlán, ante el anuncio de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir esa modificación.
El legislador panista reconoció que sacar la elección judicial del calendario de 2027 era necesario, pero advirtió que el cambio de fecha no elimina el carácter político de la reforma.
“Aunque se cambie la fecha, no se proponen organismos autónomos, universidades ni barras de abogados que garanticen perfiles técnicos e imparciales”, señaló Iñiguez Franco, quien acusó que el objetivo del oficialismo es contar con jueces que defiendan los intereses del partido en el poder, algo que, dijo, ya ha ocurrido en la práctica.
El diputado describió la reforma como un instrumento de control político sobre el Poder Judicial, con el que el gobierno puede presionar o castigar a jueces y magistrados que no resuelvan conforme a sus intereses. En ese contexto, la oposición propone incorporar a universidades y colegios de abogados en el proceso de selección, fortalecer la carrera judicial con base en méritos y garantizar la independencia del Poder Judicial.
Iñiguez Franco también ligó este tema a un patrón más amplio: la eliminación de órganos autónomos por parte del gobierno federal. “Este gobierno ha eliminado prácticamente todos los órganos autónomos y los pocos que quedan los quiere someter para tener el control absoluto, y no se los vamos a permitir”, afirmó.
