+ Ya mandé a investigar a esos “machos alfa”
Una manifestación del frente “Soy Papá, No Criminal” frente a Casa Jalisco, convocada en rechazo a la Ley Vicaria, provocó la reacción del gobernador Pablo Lemus, quien no solo descartó su respaldo a la movilización sino que anunció que solicitó revisar los perfiles de algunos participantes para determinar si tienen deudas alimentarias pendientes. “Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores”, declaró el mandatario estatal.
Lemus adelantó que no apoya la movilización del frente denominado “Soy Papá, No Criminal”, quienes se manifestaron en Casa Jalisco en contra de la Ley Vicaria. El gobernador dijo estar del lado de las mujeres y pidió que se revisara si algunos de los “machos alfa” que participaron en la marcha son deudores alimentarios para que “puedan ponerse al corriente” con sus exparejas, hijos e hijas.
La Ley Vicaria es una figura jurídica que busca sancionar el uso de los hijos como instrumento de control o presión sobre la madre, y ha generado debate en distintos estados del país entre quienes la consideran una herramienta de protección para las mujeres y quienes argumentan que puede utilizarse para limitar el acceso de los padres a sus hijos.
En Jalisco, la violencia familiar es el delito más denunciado de forma sistemática: en Tepatitlán encabezó el año 2025 con 174 denuncias y se mantuvo como el delito con mayor incidencia en abril de 2026, el mes con más denuncias por delitos del fuero común desde al menos 2020.
Las declaraciones de Lemus se producen en un contexto en el que el gobierno estatal ha intensificado su discurso en materia de género. La Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco reporta haber acompañado a más de 117 mil mujeres en la administración actual, y el estado tiene en operación más de 2 mil Zonas Pulso de Vida, espacios de primera atención ante situaciones de violencia articulados con el sistema de monitoreo del C5.
La postura del gobernador también generó debate sobre los límites entre el respaldo institucional a las mujeres y el uso político de la agenda de género. El anuncio de revisar los antecedentes de los manifestantes fue recibido por algunos como una señal de compromiso y por otros como una amenaza que podría inhibir el ejercicio del derecho a la manifestación.
