+ Hay denuncias pero gobierno solapa la falsificación
De las quimios de agua a medicamentos falsos. México vuelve a mirar de frente un tema delicado, la distribución de medicamentos falsificados dentro del propio sistema de salud pública.
El reportaje de Aldo Canedo, Violeta Santiago, Isabella Cota, Carlos Carabaña, Gerardo Reyes y Angie Sandoval documenta un escándalo de proporciones mayores: Fármacos contra el cáncer, particularmente Keytruda —uno de los más utilizados a nivel mundial—, no solo fueron detectados como falsos, sino que previamente habían sido adquiridos por instituciones públicas y, en algunos casos, administrados a pacientes.
El reportaje señala que al menos diez instituciones del sector salud compraron frascos vinculados a lotes que posteriormente fueron catalogados como falsificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Entre ellas figuran dependencias relacionadas con el IMSS, el ISSSTE y el esquema IMSS-Bienestar, lo que evidencia fallas en la cadena de suministro y en los controles de verificación.
El problema no es menor. Datos oficiales obtenidos vía transparencia indican que las denuncias por medicamentos presuntamente falsificados pasaron de 45 en 2018 a más de 250 por año desde 2022. En total, entre 2020 y 2025 se acumulan cerca de mil 500 reportes, con una alta concentración de casos en el ISSSTE.
La investigación también expone irregularidades en los procesos de compra. Empresas señaladas o incluso sancionadas por anomalías continuaron obteniendo contratos públicos millonarios, lo que apunta a deficiencias en los mecanismos de supervisión.
Este escenario se desarrolla en medio de un sistema de salud que ha enfrentado cambios constantes en su modelo operativo. La desaparición del Seguro Popular, la fallida implementación del Insabi, la transición a IMSS-Bienestar y estrategias como la llamada “megafarmacia” no han logrado resolver el problema de fondo: el abasto y la calidad de los medicamentos.
De acuerdo con Coneval, la carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2 a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022, un contexto que, según especialistas, ha abierto espacios para compras emergentes, distribuidores irregulares y productos apócrifos.
A esto se suma el factor humano. El informe recoge que al menos 61 pacientes, a quienes se les negó tratamiento, tuvieron que recurrir a amparos; algunos fallecieron y otros asumieron de su propio bolsillo el costo del medicamento, que en México puede duplicar su precio respecto a otros países.
En uno de los casos documentados en Yucatán un paciente presentó reacciones adversas tras recibir un fármaco presuntamente falsificado, lo que obligó a suspender su uso y activar protocolos de atención médica.
Frente a los señalamientos, la Secretaría de Salud aseguró que Cofepris mantiene vigilancia permanente en toda la cadena de suministro y que, en el caso del pembrolizumab, se emitieron alertas oportunas y se activaron mecanismos de control y retiro.
También sostuvo que las compras realizadas por instituciones como el ISSSTE se apegaron a la ley, con validación sanitaria y precios dentro de los márgenes permitidos, además de que se han reforzado los controles de calidad con fabricantes.
Sin embargo, la otra parte del problema está en la impunidad. La farmacéutica MSD, fabricante de Keytruda, presentó 20 denuncias penales ante la FGR por la circulación de productos falsificados. Además, el propio reportaje sostiene que la fiscalía conoce al menos 30 casos vinculados con ese medicamento entre 2020 y 2025. Hubo alertas sanitarias, denuncias penales y rastreo de lotes dentro de instituciones públicas. Aun así, no aparecen sentencias por estos casos.
