+ Con el Crimen Organizado como pretexto
Ciudad de México.– En los últimos días el Congreso de la Unión aprobó al menos cuatro reformas legales que modificarán de forma profunda la manera en que se gestiona la seguridad pública, se regulan las telecomunicaciones y se controla la información personal de los ciudadanos.
Aunque el gobierno federal asegura que se trata de medidas para fortalecer el combate al crimen y modernizar la administración pública, diversos especialistas han advertido que estas reformas podrían abrir la puerta a una vigilancia excesiva, vulnerar derechos fundamentales y facilitar el uso político de la información personal.
A continuación, un resumen de los cambios más relevantes y las posturas que han generado debate, de acuerdo con información publicada por El Informador:
1. Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones: poder para cancelar contenidos y geolocalizar.
El Senado aprobó una reforma que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea dos nuevas entidades: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con amplias facultades regulatorias, incluida la capacidad de cancelar contenidos considerados una amenaza, sin necesidad de aviso previo.
Además, será obligatoria la identificación mediante CURP o RFC para activar servicios de telefonía móvil, y las empresas estarán obligadas a proporcionar la ubicación en tiempo real de personas investigadas, siempre con orden judicial.
Expertos como el politólogo Sandro Arreola y el especialista en ciberseguridad César Gaytán, alertaron sobre los riesgos que representa esta centralización del control y el posible mal uso de bases de datos biométricos.
2. Guardia Nacional: formalizan su integración a la Sedena
En su sexto aniversario, el 1 de julio, se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional, que oficializa su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que consolida su carácter militar.
La reforma otorga a la GN facultades para realizar investigaciones, operar encubierta y solicitar la intervención de comunicaciones privadas, entre otras atribuciones. También podrá participar en tareas forenses y en la búsqueda de personas desaparecidas.
Analistas como David Saucedo y Fernando Escobar Ayala, del Observatorio de la Guardia Nacional, han señalado que la corporación aún carece de una identidad definida y que estas nuevas atribuciones requieren controles institucionales más claros para evitar abusos.
3. CURP biométrica: nuevo documento único de identidad.
Otra de las reformas aprobadas transforma la CURP biométrica en el único documento oficial de identificación en el país. Este incluirá fotografía, huellas digitales e iris, y será exigido para cualquier trámite público o privado.
Aunque el Gobierno argumenta que la medida busca combatir la suplantación de identidad y facilitar la localización de personas desaparecidas, especialistas como Gaytán advierten que el uso de datos biométricos irremplazables implica altos riesgos ante una posible filtración o uso indebido.
4. Reforma contra lavado de dinero: vigilancia financiera más estricta.
El Congreso también aprobó modificaciones a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal, para endurecer el combate al lavado de dinero.
Entre los cambios, se amplía la lista de actividades vulnerables, se obliga a identificar al beneficiario final de las operaciones, y se incluye a partidos políticos, sindicatos y asociaciones religiosas como sujetos obligados a reportar operaciones.
El académico Israel Macías destacó la importancia del control financiero, pero advirtió que sin garantías de privacidad, estas herramientas podrían ser usadas para castigar a voces críticas o disidentes.
Las reformas aprobadas, aunque planteadas como respuesta a problemas reales como el crimen organizado o la desaparición de personas, suponen también una expansión inédita del poder estatal en materia de vigilancia e identificación.
Ahora el verdadero desafío será garantizar que estas herramientas no se utilicen con fines políticos o discrecionales, que los datos personales estén protegidos, y que existan mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
