Por Oscar Miguel Rivera Hernández
Todos conocemos al agua, compañera habitual: cae del cielo en limpio y plateado raudal, llena el vaso que apaga la sed en el hogar; es la lluvia que besa la tierra con su paz. Es algo tan común, tan trivial y cotidiano, que rara vez su esencia celebramos en vano. La vida, en su fluir, se nos antoja hermana, hasta que un día se rompe la burbuja ufana. Mientras unos llenan albercas, otros recorren kilómetros con un cubo en la mano. Y así, hoy, ese derecho básico se convierte en un privilegio.
Tanto así conocemos todos qué es el agua que, hasta mi paisano Gabilondo Soler, “Cri Cri”, compuso la canción con la que nos enseñaban el ciclo del agua, que lleva por título “El Chorrito”.
Pues bueno, por fin, tras 13 años de promesas incumplidas desde que la Constitución lo reconoció, México tiene una ley que busca convertir ese derecho humano al agua en una realidad visible. La nueva Ley General de Aguas no es solo un texto legal; es una declaración de principios y una herramienta de justicia. Su objetivo: quitar el agua de las manos de quienes la acaparan y la venden al mejor postor, para ponerla al servicio de la gente.
Durante décadas, un sistema de concesiones débil y opaco permitió que el recurso más vital se convirtiera en un negocio turbio. Grandes empresas, agricultores industriales e incluso redes de corrupción política acapararon volúmenes desproporcionados. Surgió un mercado negro donde el agua se compraba y vendía como un producto financiero, mientras colonias enteras sufrían desabasto. La ley anterior tenía agujeros por donde se filtraba, literalmente, el futuro del país. Entre esos políticos involucrados con esa corrupción se encuentra un listado donde aparecen Vicente Fox; nuestro exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña; el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; el también exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; la familia de los Monreal, entre muchos otros.
Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tapa esos agujeros con decisión. La más importante: prohíbe la venta o transferencia de concesiones de agua entre particulares. Ya no se podrá heredar, vender o traficar con el permiso para usar agua como si fuera una acción de bolsa. Si un concesionario ya no necesita esa agua, no puede revenderla a un tercero para que haga negocio; debe regresarla al Estado, a través de la CONAGUA, que será la única autoridad para reasignarla con base en el interés público.
Esto no es “control gubernamental”; es devolverle al agua su carácter de bien público, tal como lo establece el Artículo 27 constitucional, que la define, junto con la tierra, como propiedad de la Nación. La ley no inventa nada: hace valer lo que desde hace más de un siglo nuestra Carta Magna dice, que el agua es nuestra, de todos los mexicanos.
La oposición y algunos sectores empresariales claman que esto es un ataque a la propiedad privada y un intento del gobierno de centralizar el poder. Es un argumento que confunde voluntariamente los términos, ya que nadie tiene “propiedad” sobre el agua; lo único que tienen es un permiso de uso, una concesión, que es un privilegio otorgado por la Nación y que debe hacerse uso de él con responsabilidad. Lo que la ley ataca es la privatización de facto, el tráfico ilegal y la especulación que sí vulneraron, por años, los derechos de la mayoría en favor de unos cuantos.
Priorizar el consumo doméstico sobre cualquier otro uso no es un gesto populista, como la oposición puede argumentar —porque para esa oposición recalcitrante toda acción es populismo—; es una acción básica de supervivencia y dignidad. No se puede permitir que una embotelladora o un campo de aguacates tenga asegurado el suministro mientras las familias de una comunidad no tienen ni para beber. Esta reforma establece algo ya sensato: primero la gente, luego el ecosistema y después los usos productivos. Ordenar el caos es el primer paso para la justicia.
Sí, hay riesgos, ya que centralizar la reasignación en CONAGUA exige una vigilancia ciudadana para evitar que la corrupción, que antes operaba en lo disperso, ahora se concentre.
Esta ley será tan buena como sea su implementación y requiere transparencia absoluta, recursos técnicos y la participación activa de comunidades y expertos en los consejos de cuenca. El gobierno tiene la enorme responsabilidad de demostrar que esta herramienta sirve para distribuir, no para controlar políticamente, o que solo cambió de manos su control.
Pero el riesgo mayor era no hacer nada; era seguir permitiendo que el mercado negro siguiera drenando el futuro de ese vital líquido. Con esta ley se está dando el primer paso, se reafirma y se recuerda el espíritu social de la Constitución de 1917 y se alinea con visiones modernas, como la de la Constitución de la Ciudad de México, que consagra el agua como un derecho social, no como mercancía.
Al final, podemos decir que esta ley busca que el agua, en lugar de cantar solo para los bolsillos de unos cuantos, fluya para todos; que su canto sea el de la equidad, la sostenibilidad y la vida. Es una ley para que, por fin, a ningún mexicano se le niegue el vaso de agua que, por derecho humano y constitucional, le corresponde. El agua es de todos, y por fin hay una ley que empieza a hacer valer eso.
Y me voy a permitir cerrar con tres párrafos del poema de mi invención: “Que nadie se quede con el vaso vacío…”, escrito en el año 2017 en mi clase de español y que recordé su existencia al estar escribiendo este texto:
Mas no ha de ser la plegaria sumisa y sin voz,
la que alce a los cielos su temblorosa voz.
El río no se dobla, el mar no sabe de dueño,
su ley es correr libre, sin servilismo o empeño.
El agua es de la vida, del viento y del rocío,
no es botín del poderoso, no es su señorío.
Es derecho de todos, basta ya de escarmiento:
¡a levantar la conciencia y el firmamento!
Que el sediento labio encuentre su rocío,
que nadie se quede con el vaso vacío.
Que el derecho sea ley, llano y cumplido:
el agua es de la sed, no del posesor fingido.
