¿Quién vigila a quién?
El gobierno de Sinaloa contrató a una empresa para instalar cámaras y equipo de vigilancia en carreteras, pese a que una de sus accionistas también aparece relacionada con una compañía que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con una estructura de Los Cuinis, organización ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Una investigación de Latinus puso bajo la lupa la compra de equipo de videovigilancia para las carreteras de Sinaloa: el gobierno estatal contrató a SGP Tech para proporcionar 52 cámaras, antenas y equipo destinado a 13 arcos de vigilancia vehicular.
El detalle que llamó la atención es que entre los accionistas de SGP Tech aparece Luz Daniela Segura Guzmán, quien también participa en Grupo Segtac, empresa que fue sancionada en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con una estructura vinculada a Los Cuinis, organización asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El contrato para adquirir el equipo fue otorgado durante el gobierno interino de Yeraldine Bonilla y contempla tecnología que será utilizada para reforzar la vigilancia en las carreteras de la entidad.
La información disponible no demuestra que SGP Tech tenga vínculos con el crimen organizado ni que las cámaras adquiridas por el gobierno estén destinadas a beneficiar a algún grupo criminal. Lo documentado es la relación empresarial de Segura Guzmán con Grupo Segtac y la sanción que Estados Unidos impuso a esta última.
La operación resulta particularmente llamativa porque el propio gobierno de Sinaloa ha reconocido que la delincuencia utiliza sistemas de videovigilancia para anticiparse a los movimientos de las corporaciones de seguridad.
