El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ciudadanos y empresas mexicanas vinculadas al contrabando de hidrocarburos y señaló su presunto uso para financiar campañas políticas en México, una revelación que el diputado federal Mario Iñiguez Franco calificó como una vergüenza nacional.
El legislador panista por el Distrito 3 con cabecera en Tepatitlán acusó complacencia del Ejecutivo federal y falta de mecanismos de control institucional para detener el llamado huachicol fiscal.
“Es una vergüenza nacional que las agencias extranjeras tengan que hacer la tarea, mientras las autoridades locales solo se rasgan las vestiduras hablando de defender la soberanía y de fortalecer la comunicación binacional”, afirmó Iñiguez, quien señaló que es revelador que sea el gobierno estadounidense y no las autoridades mexicanas quien exponga las redes de corrupción que operan en aduanas y fronteras del país.
El diputado advirtió que el huachicol fiscal representa una doble amenaza: una pérdida multimillonaria para las finanzas públicas y una alerta democrática, dado que los recursos ilícitos estarían financiando campañas políticas y alterando así la voluntad de los ciudadanos en los procesos electorales. El contrabando de combustible en México ha generado pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de pesos anuales para Pemex y el erario.
El huachicol fiscal es una modalidad distinta al robo de combustible en ductos: implica la triangulación y subfacturación de hidrocarburos a través de empresas fachada para introducirlos al mercado sin pagar impuestos, aprovechando vacíos en los controles aduaneros. Las sanciones del Tesoro estadounidense son una herramienta de presión extraterritorial que congela activos y bloquea operaciones financieras de los señalados.
Iñiguez Franco concluyó que frenar esta red es una tarea urgente que el gobierno federal no puede seguir postergando, y exigió una investigación profunda e inmediata sobre los señalamientos contenidos en las sanciones estadounidenses.
