Mario Íñiguez
Respaldó el diputado federal por el Distrito 03, Mario Iñiguez, la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante instancias federales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Corredor Interoceánico, luego del descarrilamiento del tren ocurrido en Oaxaca que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
El legislador, representante del distrito con cabecera en Tepatitlán, señaló que la acción legal fue presentada ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como ante la Fiscalía General de la República, debido a la gravedad de los hechos y a las consecuencias humanas derivadas de una presunta deficiente ejecución y supervisión del proyecto.
De acuerdo con el posicionamiento del PAN, el Corredor Interoceánico fue anunciado como un proyecto estratégico de desarrollo, pero presenta señalamientos de opacidad, falta de supervisión y posibles actos de corrupción. El partido expuso que cuando una obra pública falla y cobra vidas humanas, existe una obligación del Estado de investigar hasta las últimas consecuencias.
Las denuncias interpuestas por Acción Nacional advierten que la falta de claridad en el uso de los recursos públicos puede derivar en sobreprecios, contratos opacos y posibles desvíos de dinero. Añade que cada peso mal utilizado en este tipo de proyectos impacta directamente en áreas sensibles como salud, seguridad, educación y apoyos sociales, además de generar condiciones de riesgo para la población.
El diputado Mario Iñiguez subrayó que, desde su posición como representante federal del distrito que incluye Tepatitlán y municipios de la región, respaldó la exigencia de que se investiguen los hechos y se determine si existieron responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el accidente.
Finalmente, el PAN informó que solicitó una revisión exhaustiva del gasto por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la investigación de posibles faltas administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que se conozca la verdad de lo ocurrido y no haya impunidad cuando el mal uso de recursos públicos tiene consecuencias fatales.
