+ La Chona y Jesús María presentaron reclamos
Casi 780 millones de pesos le debe el gobierno federal a los municipios de Jalisco, entre ellos Encarnación de Díaz, Jesús María y San Diego de Alejandría, por dos conceptos: 232.7 millones del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) que nunca fueron reembolsados pese a que los ayuntamientos ya ejecutaron las obras, y 547.1 millones acumulados en 2025 y 2026 por la reducción del 10 por ciento al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
El reclamo fue presentado en conferencia de prensa por el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, acompañado de presidentas y presidentes municipales de MC, PAN, PRI, Morena y PVEM, una unidad multipartidista inusual que refleja la dimensión del problema.
Entre los municipios alteños que alzaron la voz destacó Jesús María, cuya presidenta municipal Olivia Sevilla López, del PAN, detalló que su ayuntamiento invirtió un millón 700 mil pesos propios en obras de infraestructura hídrica el año pasado bajo el esquema del PRODDER, en el que la Federación debía reembolsar el 50 por ciento, y hasta la fecha no ha recibido nada. “Mi municipio absorbió el 100 por ciento para realizar estas acciones”, señaló.
Encarnación de Díaz también estuvo representada por su alcaldesa Erika Adriana Cuevas Fuentes, de MC, quien advirtió que la falta de recursos ha frenado la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje con décadas de rezago; y San Diego de Alejandría, representado por su presidente José de Jesús Sánchez González, del PVEM, completó la presencia alteña con un llamado a restituir los recursos destinados a infraestructura básica.
El PRODDER funciona bajo un esquema de coinversión: los municipios ejecutan obras de infraestructura hidráulica con recursos propios y la Federación reembolsa la mitad una vez comprobado el cumplimiento de las reglas de operación. El problema es que esos reembolsos no han llegado, lo que en la práctica obliga a los ayuntamientos a financiar el 100 por ciento de obras que el programa federal debía cofinanciar. Los 30 beneficiarios con adeudo incluyen 13 organismos operadores de agua y 17 municipios. A nivel estatal, la Comisión Estatal del Agua tiene pendientes 127 millones y el SIAPA 22 millones adicionales.
La reducción del FAIS agrava el panorama. La reforma aprobada en 2025 recortó 10 por ciento de los recursos que los municipios reciben para obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, y el gobierno estatal señaló que, aunque ese porcentaje debía destinarse a comunidades indígenas y afromexicanas, su asignación se ha realizado de forma discrecional, sin transparencia sobre su destino real.
Zamora Zamora exhortó al gobierno federal a informar el destino de los recursos comprometidos, definir un calendario de pagos pendientes y establecer mecanismos que compensen la reducción del FAIS. “Los municipios sí cumplieron, la Federación no ha cumplido”, afirmó el secretario, quien reconoció que los recursos adeudados no resolverán el problema de fondo pero sí permitirían mantener en operación programas y proyectos de infraestructura hídrica que hoy están paralizados o financiados con dinero que los municipios no tienen.
Entre los municipios alteños que también han sido afectados por los adeudos se encuentran Lagos de Moreno y Tepatitlán, que se unen a municipios como Autlán de Navarro, Tuxpan, La Barca, Zacoalco de Torres, Puerto Vallarta, Magdalena, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Arenal, Tequila y Colotlán.
