+ Sheinbaum criticó lista de opositores, hoy exhibe a periodistas
En medio de la nueva polémica por las reglas para los medios de comunicación y los derechos de las audiencias, una declaración de Claudia Sheinbaum de hace casi cinco años vuelve a circular en redes sociales.
En octubre de 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum calificó como “fascista” una propuesta de Claudio X. González para elaborar una lista de personas que, según el empresario, habían apoyado a Morena y a la llamada Cuarta Transformación.
La entonces jefa de Gobierno cuestionó que se elaboraran listas con lo que consideró amenazas implícitas y sostuvo que una cosa era el debate público y otra recurrir a ese tipo de señalamientos. La propuesta generó incluso el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista entre quienes respaldaban la iniciativa.
Casi cinco años después, el escenario se invirtió
El pasado miércoles, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó en su conferencia semanal un monitoreo del ecosistema digital en el que el gobierno federal identificó cuentas de medios, periodistas, políticos y comentaristas a los que acusa de generar o amplificar mensajes críticos contra la administración de Sheinbaum. El reporte abarca información de enero al 8 de agosto de 2026. Entre los periodistas marcados como críticos se encuentra Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Azucena Uresti, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Sergio Sarmiento y hasta Carmen Aristegui entre otros.
La presentación ocurre precisamente cuando el país mantiene abierto el debate sobre nuevas reglas para los medios y los derechos de las audiencias. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene una consulta pública sobre nuevos lineamientos que, entre otras cosas, plantean obligaciones relacionadas con códigos de ética, defensores de las audiencias y la diferenciación entre información y opinión. La consulta concluye el 21 de agosto.
La oposición y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión han advertido que estas medidas pueden generar riesgos de censura o autocensura, mientras el gobierno sostiene que su propósito es proteger el derecho de las audiencias a recibir información veraz y no controlar los contenidos periodísticos.
