Luego de que el gobierno federal abriera a consulta pública los nuevos lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones, señalados por sus detractores como “Ley Censura”, un marco regulatorio que abarca normas sobre códigos de ética, defensorías de las audiencias, derecho de réplica y la obligatoriedad de diferenciar formalmente entre información periodística y opinión editorial, el diputado federal por el Distrito 03, Mario Íñiguez Franco, advirtió que la propuesta entraña riesgos para el pluralismo informativo, al abrir la puerta a que las autoridades intervengan directamente en las líneas editoriales de los medios de comunicación.
El legislador afirmó que no debe permitirse que se imponga una sola versión de los hechos ni que se silencie a quienes piensan diferente, por lo que rechazó los lineamientos propuestos y exigió fortalecer el derecho de réplica, con el fin de que todas las voces cuenten con la oportunidad de responder.
Íñiguez Franco sostuvo también que las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal deben garantizar ese mismo derecho de réplica en los casos en que se ha señalado la difusión de información imprecisa. Además, instó a establecer sanciones claras contra servidores públicos que utilicen recursos del Estado para desacreditar, acosar o amedrentar a quienes realizan labor periodística o expresan posturas críticas, bajo el argumento de exigir condiciones equitativas para todos los actores.
El diputado señaló que, aunque recientemente se planteó modificar las multas para alinearlas al marco legal vigente, persisten amenazas estructurales dentro de la propuesta, entre ellas la figura de las quejas anónimas, que podrían utilizarse como mecanismo de presión y desgaste contra comunicadores independientes y empresas concesionarias.
Íñiguez subrayó que, de no atenderse las observaciones para acotar las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y garantizar su imparcialidad, la regulación de los derechos de las audiencias podría convertirse en un instrumento de inhibición y control gubernamental sobre la libertad de prensa.
