+ Morena ha contraído el doble que en 200 años
La deuda pública de México podría alcanzar los 21.7 billones de pesos al cierre de 2027, más del doble de los 10.5 billones registrados en 2018, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La proyección se dio a conocer en el contexto de la aprobación en lo general de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, avalada por la Cámara de Diputados con 331 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención.
El dictamen permite al gobierno federal contratar hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento neto interno y 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa. Aunque el límite de endeudamiento interno es menor al autorizado para 2026, esto no implica que el saldo total de la deuda vaya a disminuir.
La diferencia radica en que el endeudamiento neto corresponde a los recursos adicionales que pueden contratarse, mientras que la deuda acumulada refleja las obligaciones pendientes de pago a lo largo del tiempo.
De acuerdo con el CIEP, la deuda pública en su medición más amplia equivaldría al 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, es decir, más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce el país en un año.
Intereses por encima de la inversión
Uno de los aspectos que generó cuestionamientos de la oposición fue el costo financiero de la deuda. El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para intereses, comisiones y otros gastos financieros, equivalentes al 4% del PIB.
En contraste, la inversión física representaría el 2.6% del PIB. Esto significa que, por cada 100 pesos destinados a obras, maquinaria y equipo, se prevén alrededor de 150 pesos para cubrir el costo financiero de la deuda.
El diputado priista Jericó Abramo Masso cuestionó que el Gobierno recurra a préstamos para cubrir obligaciones financieras, en lugar de destinarlos a proyectos productivos.
Por su parte, Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que el endeudamiento puede ser útil cuando financia infraestructura y obras que generan crecimiento, pero pidió transparentar el destino de los recursos, con fechas y responsables.
En defensa del dictamen, la diputada de Morena Ana Elizabeth Ayala Leyva sostuvo que el Estado requiere recursos para infraestructura, escuelas, servicios públicos y generación de empleos. También destacó que la Ley de Ingresos contempla una recaudación de 6.26 billones de pesos mediante impuestos.
El diputado del Partido Verde, Mario Alberto López Hernández, defendió la reducción del techo de deuda interna y señaló que el Gobierno no está obligado a contratar la totalidad del monto autorizado. Añadió que el financiamiento en moneda nacional, a tasa fija y con plazos largos reduce la exposición a variaciones cambiarias y de tasas de interés.
Perdonarán multas a grandes empresas
Otro de los puntos polémicos fue la ampliación del programa de regularización fiscal para permitir que grandes empresas y contribuyentes con adeudos millonarios puedan eliminar el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que cumplan las condiciones establecidas y paguen los impuestos pendientes.
La modificación fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y elimina el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales que restringía el acceso al programa, además de incorporar a contribuyentes bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.
La medida abre el debate sobre el trato que reciben quienes incumplen sus obligaciones fiscales. Mientras los contribuyentes deben cubrir sus impuestos y las sanciones correspondientes, las grandes empresas podrán acceder a un beneficio que elimina esos cargos adicionales, si regularizan sus adeudos conforme a las nuevas reglas.
La propuesta también generó cuestionamientos por el contraste con el discurso de Morena contra los privilegios fiscales y en favor de que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan al sostenimiento del gasto público.
Monreal defendió la modificación al argumentar que no se perdonan los impuestos adeudados, sino únicamente las multas, los recargos y los gastos de ejecución. Sostuvo que el beneficio busca incentivar el pago de créditos fiscales, reducir controversias y recuperar recursos para la Hacienda pública.
