La crisis por la mala calidad del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) continúa generando inconformidad entre la población. Para este domingo 18 de octubre se convocó a una segunda megamarcha para exigir agua limpia, justicia para las personas detenidas durante la protesta anterior y sanciones contra los policías señalados por presuntos abusos.
La movilización está prevista para las 11:00 horas, con salida del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, rumbo al Palacio de Gobierno de Jalisco. Entre las demandas también se ha incorporado el impulso a una posible revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus Navarro.
La nueva convocatoria ocurre después de la manifestación del domingo 11 de octubre, cuando cientos de personas marcharon desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para denunciar el agua turbia y con mal olor que reciben en sus viviendas. La jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de 39 personas detenidas y decenas de lesionados.
Tras los hechos, el Gobierno estatal anunció una investigación contra 17 policías por su actuación durante la protesta. El caso también generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la situación jurídica de las personas detenidas.
El problema del agua, sin embargo, va más allá de las movilizaciones. Habitantes de distintas colonias metropolitanas han denunciado durante meses cambios en el color y el olor del líquido, además de interrupciones en el suministro. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno estatal se encuentra reducir el uso del sistema de abastecimiento relacionado con la presa de Las Pintas, lo que implica una menor cantidad de agua disponible y la aplicación de tandeos en distintas colonias.
Como solución de largo plazo, el Ejecutivo estatal presentó ante el Congreso una iniciativa para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada de 11 mil 922 millones de pesos. La propuesta aún debe analizarse y discutirse por los legisladores, sin embargo, el proyecto también ha generado cuestionamientos de legisladores y colectivos, que piden transparentar sus costos, revisar el esquema de financiamiento y considerar otras alternativas, como la rehabilitación de las redes de distribución, la reducción de fugas y el saneamiento de las fuentes de abastecimiento
Aunque la convocatoria a la nueva marcha se presenta como ciudadana, el conflicto también se ha trasladado al terreno político, con posicionamientos de partidos y legisladores sobre la respuesta gubernamental y el proyecto hidráulico.
