El Congreso de la Unión celebró un periodo extraordinario de sesiones que se extendió por más de treinta horas continuas para aprobar dos temas centrales: una modificación a la reforma judicial y una ley contra la injerencia extranjera en elecciones, sesión que el diputado federal Mario Íñiguez describió como un ejercicio legislativo apresurado que no debió tramitarse en fast track.
En cuanto al Poder Judicial, el cambio más significativo fue aplazar las elecciones de magistrados del 2027 al 2028, decisión que además las empalma con la revocación de mandato. Íñiguez criticó que la modificación no elimina la posibilidad de intervención gubernamental ni del crimen organizado en las candidaturas, y que una reserva aprobada a último momento permite la reelección de magistrados hasta por dieciocho años, independientemente de su desempeño.
Lo más llamativo de la sesión fue que el diputado Ramírez Cuéllar, figura de peso dentro de Morena, subió a tribuna a oponerse a esa reserva con una frase que el legislador jalisciense citó textualmente: “No hagamos el ridículo con este tema del Poder Judicial.” Pese a ello, Ricardo Monreal tomó la tribuna, dio línea a su fracción y la reserva se aprobó.
Sobre la ley de injerencia extranjera, Íñiguez advirtió que su redacción es tan ambigua que abre la puerta a interpretaciones políticas. El dictamen que establecía con precisión qué constituye injerencia extranjera y cuáles serían sus consecuencias fue retirado del orden del día, dejando la definición en manos de tribunales electorales que, señaló, ya han demostrado alineación con el oficialismo. En ese vacío, un tuit de un familiar del candidato radicado en Estados Unidos, una declaración de un político extranjero o cualquier expresión de simpatía desde fuera del país podría invocarse para anular una elección.
El diputado planteó escenarios concretos: un candidato independiente con raíces en comunidades migrantes que gana una elección local con votos ciudadanos podría ver su triunfo impugnado si algún comentario desde el extranjero fue interpretado como apoyo. La ley, dijo, no distingue entre injerencia real y opinión espontánea, y esa ambigüedad beneficia a quien controla los tribunales.
Íñiguez cerró con una lectura política de fondo: las fricciones visibles dentro del bloque oficialista, ejemplificadas por la intervención de Ramírez Cuéllar, son señal de que incluso al interior saben que algo no está saliendo bien. Y dejó abierto un escenario: si en las elecciones de 2027 Morena y sus aliados perdieran la mayoría calificada, estas reformas podrían volver a modificarse desde septiembre de ese año.