Lo que comenzó como una advertencia del magisterio, ahora llegó también al campo mexicano. A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, distintos grupos sociales y sindicales han comenzado a utilizar el torneo internacional como punto de presión política para exigir respuestas del gobierno federal.
Primero fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que confirmó el estallamiento de una huelga nacional para el próximo 1 de junio, acompañada de marchas, bloqueos y un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, además de movilizaciones en los 10 estados del país en los que tienen presencia, principalmente en Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero.
El movimiento magisterial exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de las reformas educativas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el aumento salarial del 100 por ciento y además la desaparición del sistema USICAMM, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto.
“Si no hay solución, no rodará el balón”, advirtió Pedro Hernández, al acusar al secretario de Educación, Mario Delgado, de incumplir acuerdos con el magisterio.
Por si no fuera poco, este miércoles a esa amenaza se le unió otro sector quien también amagó con boicotear el mundial. Los productores agrícolas de Sinaloa encabezados por Baltazar Valdez, advirtieron que podrían impedir el desarrollo de partidos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, si el Gobierno no excluye los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“No va a haber la celebración del Mundial aquí en la capital y en las ciudades de Guadalajara y Monterrey”, declaró Valdez durante una movilización en Paseo de la Reforma.
Los campesinos acusan que la importación de maíz transgénico ha desplomado el precio del grano nacional y responsabilizan al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de permitir condiciones que, aseguran, están llevando al campo mexicano a una crisis, y que por ello incluso solicitan un juicio político en contra del político.
Actualmente, dijeron campesinos sinaloenses, se los pagan en 4 mil 100 pesos la tonelada.
Aunque las protestas responden a causas distintas, ambos movimientos amenazan la celebración del mundial, sobre todo en la Ciudad de México, donde de por sí el caos vial es común.
Ante los amagos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno buscará equilibrar el derecho a la manifestación con el correcto desarrollo del torneo.
“Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial. Es la tarea de todo gobierno”, declaró, pero hasta el momento, no hay una propuesta o solución a las exigencias de ambos bandos.