La propuesta de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar y modernizar los registros públicos y catastros del país, presenta un enfoque centralista y vacíos normativos que podrían afectar a estados y municipios, advirtió el diputado federal por Los Altos de Jalisco, Mario Íñiguez. El legislador expresó su postura en el marco de la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el diputado, el proyecto otorga a dependencias federales facultades directas para diseñar modelos, administrar plataformas nacionales, definir trámites y supervisar su implementación en el ámbito local. Señaló además que la iniciativa omite requerir la opinión previa de las entidades federativas, un contrapeso que sí contemplaba el régimen transitorio de la reforma constitucional de 2013.
Íñiguez resumió la postura de su bancada con la frase: “A la modernización de los catastros y registros le decimos sí; a la centralización de las decisiones que corresponden a estados y municipios, no”. Planteó que la legislación debe respetar las competencias locales, fijar estándares comunes y utilizar la tecnología como una herramienta de coordinación institucional, no como sustituto de las autoridades locales y estatales.
El legislador sostuvo que la iniciativa no garantiza adecuadamente la protección de los datos personales de la ciudadanía, al concentrar y exponer esa información en una plataforma nacional. Advirtió que la exposición incontrolada de esos datos atenta contra la certidumbre jurídica de la propiedad privada y abre la puerta a riesgos mayores en la custodia del patrimonio de las familias.
Íñiguez alertó también sobre la falta de presupuesto para aplicar la ley: aunque la iniciativa exige el despliegue de infraestructura, plataformas y sistemas tecnológicos, no asigna recursos adicionales a las administraciones locales. A su juicio, exigir la modernización de los sistemas sin respaldo financiero podría derivar en un incremento en el cobro del impuesto predial, con un impacto directo en los ciudadanos.
