+ Además de a senador, al alcalde de Culiacán y a 7 más
En un anuncio que dejó helados a los morenistas, pero más a la mandataria de México Claudia Sheinbaum, este miércoles se confirmó que el gobierno de Estados Unidos solicitó oficialmente la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su gobierno, que son requeridos por una Corte de Nueva York por dar protección al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos judiciales, y los cuales se filtraron a los medios, entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; el comisario general de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés; el excomisario Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el comandante José Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; y el comandante municipal Juan Valenzuela Millán.
Si bien el gobierno federal lo supo desde las 6 de la tarde del martes, la realidad es que fue hasta el miércoles, luego de la filtración, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sí recibieron solicitudes de extradición de diversas personas, incluida la de Rocha por parte del gobierno de Donald Trump.
La Cancillería indicó que, como ocurre en este tipo de trámites, turnó la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará si existen elementos suficientes para proceder a la entrega de los solicitados. Sin embargo, también señaló que en los tratados vigentes entre ambos países hay “provisiones” específicas que establecen la confidencialidad de la información; por esta razón, se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la noticia.
La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya, y otros nueve funcionarios -en activo y retirados- por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político. El Fiscal federal, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que los implicados habrían utilizado sus cargos para facilitar el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de proteger operaciones del cártel.
Van a caer, dicen en Estados Unidos
Luego de que se diera a conocer la presentación de cargos penales en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado serán castigados.
En un pronunciamiento, el representante diplomático dijo que su país continu ará trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de ambos pueblos.
“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, aseveró.
Les juro que no es cierto: Rocha
Mientras tanto el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos en el que lo señalan de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, y dijo que demostrará la “falta de sustento”.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, se posicionó.
Rocha señaló que no es sólo un ataque a su persona, sino a todo el movimiento de la Cuarta Transformación y sus liderazgos.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, escribió.
Y la Fiscalía de Sinaloa defiende a su gente…
Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa solicitó respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, tras los señalamientos por presuntos narconexos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos contra diversos funcionarios estatales, incluido su Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.
A través de un comunicado, refirió que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la procedencia legal de dichas solicitudes basándose en datos de prueba.
“En México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, estableció el órgano de justicia local.
Las autoridades estadounidenses imputan a Castro Saavedra, Vicefiscal sinaloense desde octubre de 2021, los cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
El funcionario es acusado de recibir aproximadamente 11 mil dólares mensuales de la facción de “Los Chapitos” para brindarles protección e informarles sobre operativos policiales.
La justicia de Estados Unidos advirtió que, de ser hallado culpable, el Vicefiscal enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.