+ Opositores votan en contra, pero son minoría
Una inesperada ola de nuevos impuestos y aumentos en derechos fue aprobada ayer por la mayoría oficialista de la 4T en la Cámara de Diputados, sumándose a otros gravámenes especiales sobre artículos de consumo popular que podrían entrar en vigor en 2026, si el Senado también da su aval.
Los incrementos no se limitan a los productos de siempre —refrescos, tabaco o videojuegos con contenido violento—, sino que ahora también alcanzan a sueros orales y a una larga lista de servicios gubernamentales, desde trámites migratorios y verificación de helipuertos hasta licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de insta laciones financieras.
Entre las medidas más polémicas está el nuevo cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que hasta ahora era gratuito y permitía a los menores viajar fuera del país sin necesidad de un poder notarial de sus padres.
También se aprobó un aumento del 109% en los permisos de residencia temporal, que podrían costar hasta 25 mil pesos por cuatro años, además de una tarifa de 31 millones de pesos por inspecciones en casas de bolsa, según un análisis de la bancada del PAN.
Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría morenista y sus aliados también derogaron la exención fiscal que beneficiaba a personas físicas y morales que usan o aprovechan aguas nacionales.
De acuerdo con el priista Jericó Abramo, los ajustes permitirán al Gobierno federal obtener 271 mil millones de pesos adicionales, aunque advirtió que la cifra apenas representa una “migaja” frente a los 1.5 billones que se necesitarían para estabilizar las finanzas públicas.
Desde la oposición, la panista Noemí Luna criticó que los nuevos cobros no se reflejen en mejoras para la ciudadanía:
“Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet. Y ahora aumentan las cuotas de entrada a los museos y zonas arqueológicas”, señaló.
Por su parte, la morenista Alma Delia Navarrete defendió los incrementos, asegurando que fortalecerán la capacidad del Estado y permitirán mejorar los servicios públicos.
Aunque el argumento suena alentador, en los hechos la “fortaleza” parece estar más en el bolsillo del Gobierno… que en el del contribuyente.