+ Más de 200 adolescentes sin localizar en Los Altos
Jalisco aprobó en comisión una ley específica para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, convirtiéndose en uno de los pocos estados del país con legislación específica en la materia.
El dictamen fue impulsado por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza y aprobado por la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado. La norma obliga a municipios y estado a coordinarse en la prevención, atención y erradicación del problema, además de garantizar atención integral a las víctimas.
Los números de menores desaparecidos en Los Altos de Jalisco dan contexto a la urgencia de la legislación. Según datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, en el acumulado histórico de adolescentes de 10 a 19 años que permanecen sin localizar, Lagos de Moreno encabeza con 81 casos, seguido de Encarnación de Díaz con 47, San Juan de los Lagos y Tepatitlán con 16 cada uno, y Teocaltiche con 12. En total, los municipios alteños con registro suman más de 200 menores desaparecidos en ese rango de edad que no han sido localizados.
La franja de 10 a 19 años es precisamente la más vulnerable al reclutamiento forzado: es la edad en que el crimen organizado capta a jóvenes como halcones, operadores o víctimas de trata, frecuentemente en comunidades con pocas opciones educativas o laborales. La dificultad para recuperarlos radica en la opacidad que rodea esos casos y en que muchas familias no denuncian por miedo a represalias.
La ley contempla la creación de un sistema de indicadores para identificar y medir el reclutamiento, albergues especializados, centros de refugio temporal y atención médica, psicológica y psiquiátrica para víctimas. Para municipios de Los Altos con infraestructura institucional limitada en esta materia, la coordinación obligatoria con el estado representa un cambio respecto a la situación actual, donde la atención ha dependido de la capacidad individual de cada ayuntamiento.
El dictamen aún debe ser votado por el pleno del Congreso para convertirse en ley vigente. Una vez aprobado, los municipios tendrán un plazo para adecuar sus estructuras de atención a los nuevos lineamientos estatales.
