+ Revisan 130 “anexos” en Jalisco; hallan 16 desaparecidas
La Fiscalía del Estado ha intensificado los operativos de revisión en centros de rehabilitación —conocidos como “anexos”— ubicados en distintos municipios de Jalisco, entre ellos Tepatitlán, Arandas, Lagos de Moreno y Zapotlanejo, zonas donde estas inspecciones se han convertido en una herramienta clave para detectar irregularidades y verificar la situación jurídica de las personas internas.
De acuerdo con la dependencia estatal, desde diciembre de 2024 a la última semana de noviembre de este año se han revisado 132 centros de rehabilitación en todo el estado. Durante estas visitas se atendió a más de tres mil personas, cuya información fue cruzada con bases de datos de personas desaparecidas y órdenes de aprehensión.
Como resultado, la Fiscalía informó que se logró localizar a 16 personas con denuncia por desaparición y cumplimentar 15 mandatos judiciales por delitos como robo calificado, robo a casa habitación, lesiones y amenazas. Además, ocho centros fueron asegurados para continuar investigaciones relacionadas con distintos delitos.
El trabajo operativo se complementó con un encuentro reciente entre la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social y representantes de centros de rehabilitación. A la reunión acudieron coordinadores de diferentes municipios —incluidos varios de Los Altos— para dialogar con agentes del Ministerio Público sobre el correcto actuar dentro de estos establecimientos y los delitos que con mayor frecuencia se presentan en ellos, como lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Los operativos han abarcado una amplia lista de municipios, desde Guadalajara y Zapopan hasta comunidades de la región Altos como Tepatitlán, Lagos de Moreno y Arandas, así como Zapotlanejo, lo que, según la Fiscalía, refleja la intención de mantener vigilancia constante en este tipo de espacios.
La dependencia adelantó que estos trabajos continuarán en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer la supervisión y atender cualquier denuncia o irregularidad que se detecte al interior de los centros de rehabilitación.
