En un muestra de que este país está en uno de los peores momentos de violencia, este fin de semana, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su activismo contra la violencia en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos frente a sus allegados minutos después de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas.
El padre Marcelo, de 51 años de edad y de origen tzotzil, se dirigía hacia otro evento en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe cuando fue atacado durante la mañana de ayer por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras se encontraba al interior de su camioneta Ford Titanium, color blanca.
El homicidio se registró 38 días después de que, el pasado 13 de septiembre, encabezó junto con otros párrocos la marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez para justamente exigir un alto al narcotráfico, sus nexos con políticos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de pobladores y la destrucción del medio ambiente.
Desde hace 20 años, el oriundo de San Andrés Larráizar señalaba en eventos públicos, en entrevistas y durante misas esa violencia, venta de drogas, asaltos, robos y plagios en lugares como Simojovel, Chenalhó y Pantelhó.
“La religión tiene mucho que ver para la construcción de una vida más digna en los pueblos, cuando la Iglesia se calla, sufre el pueblo, pero cuando se vuelve la voz de las víctimas, de los pobres, entonces se levanta el pueblo para que se construya la paz”, dijo en septiembre pasado.
Las primeras investigaciones apuntan a la autoría material de dos hombres en una motocicleta, que aún no han sido localizados.
Indignación por su asesinato
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su “más enérgica condena y profundo dolor ante el brutal asesinato”.
“Este acto de violencia, perpetrado al terminar la misa cuando el padre salía para continuar con sus labores pastorales, no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas”, señaló en un comunicado.
La CEM aseguró que el asesinato no sólo afecta a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, “sino que hiere a toda la Iglesia en México y a la sociedad en su conjunto, especialmente en una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado”.
Crimen organizado ha sembrado miedo y dolor y nadie hace nada
Las comunidades creyentes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la que Marcelo Pérez ejerció su labor pastoral, señalaron que “en reiteradas ocasiones había recibido amenazas de muerte, difamaciones y hostigamiento por parte de grupos de poder que han cooptado la zona, autodefensas y autoridades locales”.
Recordaron que el propio Pérez había definido a la entidad como “una bomba de tiempo” en la marcha por la paz del pasado 13 de septiembre, a la que convocaron los tres obispos de la Provincia.
“Lamentablemente, este asesinato se suma a una larga lista, como consecuencia de la realidad de violencia que se vive en Chiapas y que ha provocado que cientos de familias vivan el desplazamiento forzado y la amenaza constante”, mencionaron.
El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, señaló que el asesinato de Pérez “demuestra, una vez más, el clima de violencia que se ha desatado en Chiapas y en casi todo el país. Hay una descomposición social, que empieza por la destrucción de la familia y se consolida por la impunidad en que actúan grupos armados. No todo es culpa del gobierno, pero es indicativo de que el gobierno y todos nosotros, incluso las iglesias, estamos rebasados”.
Consideró que no se ha logrado que la violencia se detenga, sino que va en aumento: “Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”.
Por su parte, la Compañía de Jesús pidió que este hecho no se considere un “caso aislado” ya que el crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. “La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”, puntualiza.