Por la contratación irregular de servicios y cámaras de videovigilancia en perjuicio del erario, Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud Jalisco, fue encontrado culpable del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión.
En una decisión histórica, el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Gildardo Joel Landeros Parra, Roberto Carlos Ramos Coronado y Felipe de Jesús Rivera Gallegos, resolvió además que el condenado deberá pagar una multa por $21,931; será inhabilitado 6 años para ocupar cargos públicos, y deberá cubrir la reparación del daño por la cantidad de $5’746,397 pesos.
El 25 de febrero de 2020, Antonio “N” fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el estado, y contratos por prestación de servicios.
Dos años después, el 13 de abril de este año, un juez de Control y Oralidad dictó prisión preventiva contra Antonio “N” por otra carpeta de investigación que se le seguía y cuatro días después, el 17 de abril, le dictaron otra prisión preventiva derivada de la carpeta de investigación que hoy se resolvió.
El juicio oral del exfuncionario estatal inició el 23 de septiembre y tras 10 días de comparecencias de testigos y alegatos, la tarde del domingo el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y señaló este día, 3 de octubre, para desahogar la audiencia en la que resolvería las sanciones que esta tarde se dieron a conocer.
Esta es la primera carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que llega a etapa de juicio oral.
Cabe señalar, que el 31 de agosto pasado, la defensa del ex secretario de Salud solicitó procedimiento abreviado del otro proceso que se le seguía por nombramientos irregulares y que Antonio “N” fue condenado en esa ocasión a pagar la cantidad de $161,428 pesos a la Secretaría de Salud por concepto de reparación del daño; más $20,000 pesos al Hospital Civil como reparación del daño a la sociedad, y una multa de $36,520 pesos. Además de que fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos.
