• No puede AMLO sacarla; faltan Monreal y la SCJN
La reforma electoral se encuentra en una estira y afloja, luego de que la oposición tumbara la reforma constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría legislativa para desahogar el llamado “plan B”, apenas horas después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se los entregara a los diputados.
En México existe un mecanismo para asuntos con carácter de “urgente” u “obvia resolución”, que permite agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tengan que pasar por la Mesa Directiva ni dictaminarse en las comisiones que normalmente analizarían estos temas, y fue ahí donde aprovecharon los morenistas para aprobar el plan B, que ahora está en revisión en el Senado de la República. Un asunto que está lejos de resolverse.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Coordinación Política, ya señaló que no se le dará trámite acelerado a la minuta que el Senado recibirá de San Lázaro.
Algunos de los cambios más controversiales del “plan B” son desaparecer la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tengan carácter temporal y no permanente. Morena defiende que el paquete para imponer la austeridad en el organismo representa un ahorro de al menos 3,500 millones de pesos. A pesar de que la reforma constitucional tenía apoyo mayoritario entre la ciudadanía, un 68% de las personas consultadas afirmaron que es más importante para el país mejorar la calidad de la democracia que reducir el costo de las elecciones, según una encuesta de Enkoll para El País y W Radio publicada el pasado 11 de noviembre.
Un árbitro electoral con “menos dientes”
El “plan B” quita facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado. Según el texto de López Obrador, el árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos, al modificar lo que se considera propaganda política. Los consejeros electorales tendrían, tal como se planteó la iniciativa, menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores. Al tiempo que se acotan las facultades de sanción del INE y el Tribunal Electoral, los márgenes de lo que pueden decir o promocionar los políticos se amplían, un cambio que repercutiría directamente en la carrera por la sucesión presidencial.
La nueva propuesta pretende garantizar el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas. También se busca agilizar el trámite de sufragios de mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y por medio del voto electrónico por internet.
El PT y el Verde como fieles de la balanza
Para votar a favor, el PT y el Verde pidieron flexibilizar los requisitos para mantener el registro de los partidos políticos. Originalmente, se planteaba que los partidos que no alcanzaran el 3% de la votación nacional desaparecieran, pero los aliados de Morena lograron cambiar eso y garantizar su registro si tenían el 3% de la votación en al menos 17 de los 32 Estados del país. También se eliminó el requisito de tener 3,000 militantes en mínimo 20 Estados, a petición del PT. Con el amago de votar en contra, también lograron concesiones en cuanto al financiamiento público y la forma como eran considerados los votos de las coaliciones. Sin sus votos no hubiera pasado el “plan B”.
Ofrece AMLO revisar Plan B y quitar modificaciones
de Morena que benefician al PT y PVEM
Entre los temas que Morena en la Cámara de Diputados dio a sus aliados, se encuentran la facultad para transferir votos entre partidos, el blindarlos ante pérdida de registro y el tener “guardaditos” para financiar elecciones subsecuentes.
“Esto se aclara, y si es grave ofrezco enviar otra iniciativa, y se quita. Entonces se quita, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra vida pública una línea recta. Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos demócratas, no somos falsarios, tenemos que cuidarnos de todo porque con todo respeto 99% de los medios de información están entregados a la mentira”.
Los coordinadores del PAN, Julen Rementería, del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, de MC, Clemente Castañeda, de PRD, Miguel Angel Mancera y del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, le pidieron a Monreal congruencia y no avalar esa reforma que, a su juicio “es un atropello a la democracia” y un intento de debilitar al INE.
Los integrantes del bloque opositor sostuvieron que no hay prisas, que se puede esperar hasta mayo del próximo año en que vence el plazo legal para llevar a cabo reformas electorales.
Por su parte, Monreal confirmó que ya se habían recibido las minutas en materia electoral y que se turnarán a las comisiones competentes, de conformidad con el reglamento. “Es menester que las y los senadores dispongan del tiempo suficiente para su análisis exhaustivo”, dijo el también coordinador de Morena en el Senado.
Se prevé que dichas comisiones sean citadas el próximo lunes para analizar y votar dicha minuta que reforma leyes secundarias en materia electoral.
