• No podrían casarse por el civil ni tener licencia de manejo
Una reforma para presionar a deudores alimentarios en Jalisco fue presentada por el diputado local por el Distrito 03, Abel Hernández, con medidas como impedirles obtener licencias de manejo e incluso contraer matrimonio civil.
Con esta propuesta, quienes se encuentren en el padrón de deudores morosos por más de seis meses no podrán contraer casarse por lo civil; se les limitará la adopción de menores, la expedición de licencias de manejo, la transmisión de bienes muebles e inmuebles, el otorgamiento de contratos públicos y de licencias de construcción.
Para quienes cotizan en Pensiones del Estado se plantea descontar de sus aportaciones el pago de la pensión alimenticia; también establece crear una multa y obligar a que jefes de empleados de la administración pública faciliten a los auxiliares jurídicos emplazar a juicio a los funcionarios públicos que se encuentren en el registro.
De igual manera, solicita que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos esté disponible para ser consultado públicamente, y se enviará exhorto al Congreso de la Unión para que el SAT retenga, cuando se encuentren saldos a favor de estos deudores, los recursos necesarios para cubrir sus deudas alimentarias; y que el SAR le descuente hasta el 50 por ciento del monto que tenga para cubrir esta deuda.
Según estadísticas, el 75 por ciento de las jefas madres de familia en Jalisco no reciben ningún apoyo y llevan ellas solas la economía de su hogar; 750 mil hogares dependen de una mujer y 500 mil de ellas no reciben apoyo y programas sociales.
El diputado solicitó fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado en la pasada legislatura, con la intención de establecer medidas de presión social, pero cuidando en todo momento la no violación de los derechos humanos y la protección de los datos personales.
Las reglamentaciones que pretende reformar son: los códigos Civil y Penal; las leyes del Registro Civil, de Hacienda Pública Municipal, del Notariado, de Movilidad y Transporte, del IPEJAL y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
