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En el expediente del escándalo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no dejó lugar a dudas: Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de los senadores de Morena, fue directamente mencionado en una operación de robo de combustible a gran escala que operaba en Tabasco, su estado natal.
Los informes de inteligencia –filtrados tras el hackeo masivo a la SEDENA en 2022– contienen transcripciones de llamadas telefónicas, cuentas bancarias, rutas de extracción de huachicol y, lo más grave, la mención explícita de López Hernández como “Tío”, clave con la que el líder huachicolero Gabriel Eduardo González Alejandro (a) Gabo se refería a él.
“Está a la orden… si los para la Guardia Nacional, que le hablen directo al comandante de la SEIDO”, habría dicho el exgobernador según una llamada interceptada por el Ejército el 22 de agosto de 2022.
El documento, elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, detalla un esquema de saqueo en Pemex que incluye tomas clandestinas, documentos falsos, transporte en pipas desde Veracruz y Tabasco, y distribución hacia el norte del país con papelería apócrifa que inflaba el precio del combustible robado hasta seis veces.
La operación alcanzaba una extracción diaria de 150 mil litros de gasolina, generando millones en ganancias para el grupo criminal. Y mientras eso ocurría, López Hernández ocupaba la cartera más delicada del país: la Secretaría de Gobernación.
La negación oficial
Cuando se le preguntó a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, sobre los vínculos de su correligionario con el crimen organizado, la respuesta fue tajante:
“No hay carpeta de investigación… son datos sin confirmar, información bruta de inteligencia”.
Sin embargo, el propio Ejército no trató este expediente como simple rumor: abrió una carpeta confidencial de más de 50 páginas y documentó con precisión la estructura operativa del grupo delictivo, bautizado por los militares como Caso Olmeca.
El cómplice fugitivo
Lo que sí reconoció el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, es que nunca se informó a López Obrador de la participación criminal de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto. Bermúdez hoy es prófugo internacional, con investigaciones pendientes por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La línea entre el poder político y la impunidad criminal parece haberse difuminado peligrosamente.
¿Y la Fiscalía?
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha iniciado una investigación formal contra López Hernández, a pesar de que los documentos filtrados —que ahora también están en manos de periodistas y organismos de transparencia— lo señalan con nombre, alias, y participación activa en una red criminal.
Mientras tanto, el exgobernador sigue su carrera política en la Cámara Alta, donde es uno de los principales operadores del oficialismo en el Senado.
