• Y la empresa constructora no podrá trabajar
Mexticacán, Jal.- Como pocas veces se ha visto, un ex alcalde, en este caso ex alcaldesa. y su entonces director de Obras Públicas fueron denunciados y vinculados a proceso por una obra inconclusa, el problema no fue en sí que la dejaran a medias, sino que la pagaron como si la constructora la hubiera terminado, esta última también fue vinculada a proceso y ahora está vetada por un año para realizar obras en Jalisco.
Nadia Noemí “N”, expresidenta municipal de Mexticacán, y Omar “N”, exdirector de Obras Públicas de ese municipio, así como la constructora Torpa, fueron acusados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Los primeros dos imputados son señalados por autorizar el pago de una obra sin que se hubiera concluido, mientras que la empresa, por haber cobrado sin completar la obra que le fue asignada.
En una audiencia inicial que duró casi 13 horas, realizada en los Juzgados de Tepatitlán, el Juez, Víctor Manuel Vázquez Flores resolvió vincular a proceso a los ex servidores públicos, así como a la persona jurídica por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en diferentes modalidades, a Nadia Noemí “N” y Omar “N”, por otorgar autorizaciones de contenido económico de manera ilícita, Omar “N” por ser omiso en la obligación de administrar o verificar directamente el cumplimiento de los términos de un contrato, y a la empresa Torpa por participar o promover el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio público.
El caso en cuestión fue durante la administración panista 2018-2021, periodo en la que la expresidenta municipal y el exdirector de Obras Públicas de Mexticacán, autorizaron el pago de 2.78 millones de pesos a la empresa Torpa, por concepto de remodelación del Rastro Municipal, pero la obra no se concluyó.
La nueva administración denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tras llevar a cabo las investigaciones y peritajes se determinó que sólo se han realizado 62% de los trabajos contratados, por lo que se estimó que el costo de la obra faltante ascendería a $1’044,000 pesos.
Los funcionarios no pisarán la cárcel y tampoco fueron sancionados económicamente, hasta el momento solo les determinó como medidas cautelares, la presentación periódica a firmar, así como la prohibición de salir del país sin autorización durante un año.
Para la empresa constructora las cosas son distintas, el Juez ordenó una intervención judicial consistente en que se instruya al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que designe a un contador o interventor para la constructora con el fin de evitar que se desintegre o cambie de razón social hasta que concluya el proceso judicial; asimismo, para evitar que sea contratada para realizar obras públicas en Jalisco, por el lapso de un año.
En este lapso de tiempo, la constructora podría ser obligada a que termine de construir lo que dejó inconcluso y/o imponerles una multa por económica que ampare entre otras cosas, el costo de la obra faltante.
