+ Se aprueban hasta 25 años por este delito
Diputados del Congreso de la Unión aprobaron modificaciones a la Ley contra la Extorsión, en un debate donde la bancada del PAN logró impulsar correcciones al dictamen, principalmente a través de la intervención del legislador Marcelo Torres, informó el diputado Mario Iñiguez, representante del Distrito 03 con cabecera en Tepatitlán, quien celebró la intervención de su fracción para lograr los cambios a la iniciativa.
La Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con 450 votos a favor. El proyecto también reforma disposiciones de los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En su intervención, el diputado Marcelo Torres, del PAN, subrayó que los cambios devueltos por el Senado corrigen aspectos que previamente habían sido señalados por su bancada. Resaltó la modificación al artículo 17 para delimitar que el agravante por extorsión se refiere específicamente al uso de servicios de telefonía y telecomunicaciones, así como ajustes al artículo 15 y la creación de unidades especializadas. Expuso que los errores de redacción fueron subsanados y que, pese a avances, la extorsión continúa en crecimiento.
Durante el debate, el diputado Ricardo Monreal señaló que la revisión entre cámaras es parte natural del funcionamiento del sistema bicameral y afirmó que la discusión no debería generar confrontaciones. Reiteró su postura garantista y sostuvo que el aumento de penas no resolverá por sí solo la problemática de la extorsión, la cual requiere atender condiciones sociales y económicas.
La minuta define penas de 15 a 25 años de prisión para quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo con beneficio económico o daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Establece incrementos de sanciones cuando intervienen armas, sistemas de comunicación, uso indebido de instituciones o afectaciones comunitarias. También fija responsabilidades específicas para servidores públicos y elimina beneficios preliberacionales para personas sentenciadas por este delito.