Por Oscar Miguel Rivera Hernández
La designación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la fiscalía general de la República (FGR) rompe con la era de Alejandro Gertz Manero y el cambio al Timonel (entiéndase que, un timonel es la persona que gobierna la embarcación). Este equipo, hoy encabezado por Ernestina Godoy, ya trabajó en la ciudad de México, así que le tocará demostrar que la institución puede ser un instrumento eficaz, no un tapón político, como lo fue con Gertz Manero. A cinco días de su ratificación por el Senado, Godoy anotó un primer gol, con la captura del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Sin embargo, este movimiento, sobre un proceso ya iniciado pero estancado, como muchos casos que aún se encuentran en los escritorios de la fiscalía general de la república.
La salida de Gertz Manero, tras su enigmática y cerrada comparecencia en el Senado, dejó ver una imagen de legisladores de todos los colores —Morena, PAN, PRI y el difunto PRD— abrazando eufóricos al entonces fiscal, revelando así, la profundidad de sus complicidades. Gertz no fue un fiscal; fue un gestor político, un “florero” que aparecía cuando convenía a sus alianzas, particularmente con los viejos grupos de poder del PRIAN. Su método era la negociación, no la persecución penal.
Lo vimos en el bochornoso espectáculo de los audios con el padre de Emilio Lozoya, insultando y apelando a favor del exdirector de Pemex, lo que contribuyó al colapso del caso Odebrecht. Lo vimos en la conversión de dueños de franquicias como Miss Universo en “testigos colaboradores”, una práctica que más que perseguir delincuentes de alto perfil, los gestionaba y lo vimos en su táctica más nociva; la filtración masiva de expedientes a medios propagandísticos, prejuzgando casos y dinamitando el debido proceso para convertirlos en armas de narrativa, no en objetos de justicia.
Godoy hereda, por tanto, una institución no solo inercial, sino activamente desviada de su fin. El “tapón” no era solo Gertz, sino toda una red de intereses que operaban en su sombra para proteger a muchos. Los casos de impunidad son el monumento a ese fracaso. Ahí está Ricardo Anaya, con una orden de aprehensión y ficha roja por desacato que la FGR nunca ejecutó, mientras sus abogados alegaban ignorar su paradero. Ahí está Rosario Robles, con una orden federal que jamás se aplicó. Ahí está el expediente “perdido” de Alejandro Moreno Cárdenas. Y ahí está, de manera flagrante, el boicot sistemático al caso Ayotzinapa, donde Gertz desmanteló la fiscalía especializada a pesar de saber de sus obstrucciones internas, sin llamar jamás a declarar a figuras clave como Miguel Ángel Osorio Chong o Enrique Peña Nieto.
Por eso, más allá del simbolismo de detener a César Duarte —un personaje que, según el dicho popular, “no se robó a su madre porque era suya”, apropiándose desde ganado neozelandés hasta el baño de la gubernatura—, lo significativo es el inicio de acciones federales contra figuras que antes solo enfrentaban procesos locales, siempre contenidos. La nueva investigación federal contra Javier Duarte de Ochoa, previa a su posible liberación, es una muestra de que la maquinaria, oxidada, podría estar empezando a engrasarse.
Pero ahora sí, ya no hay pretexto, Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tienen hoy lo que siempre dijeron necesitar; la Presidencia, la mayoría en el Congreso para reformas constitucionales, la mayoría de las gubernaturas y, ahora, el control de la fiscalía y una Suprema Corte renovada. El argumento de la “falta de coordinación” o los “poderes fácticos” dentro del Estado ya no existe y La ciudadanía, que celebra legítimos logros sociales como la reducción histórica de la pobreza, exige también con urgencia respuestas en seguridad y justicia.
La tarea de Godoy es grande, primero, debe desmantelar las redes de protección dentro de la propia FGR. Es alentador ver salidas como la del hijo de Arturo Zaldívar del órgano interno de control, segundo, debe priorizar sin miramientos políticos casos representativos que simbolizan la impunidad y Ayotzinapa es la herida abierta más grande, donde las pruebas se desgastan y la desesperación social crece y tercero, debe actuar con igual determinación contra la corrupción dentro de su propio campo. La mención a la familia Monreal y los acaparadores de agua, o las investigaciones sobre Pedro Aspe a través de la CATEM, no son detalles menores. La credibilidad de todo el proyecto depende de demostrar que la justicia no tiene color partidista. Si alguien de la 4T cometió delitos, debe ser perseguido, se debe limpiar la propia casa y no es opcional; es la condición para legitimar al exterior.
Godoy trae un modelo probado en la Fiscalía de la Ciudad de México, basado en inteligencia y discreción, alejado de las filtraciones de Gertz. Operaciones como “Enjambre” en el Estado de México muestran el camino, pero la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la FGR y las secretarías de seguridad en los estados, con jueces no copados por poderes locales, pero esto choca con realidades como la de Chihuahua o Durango, donde hasta el 60% del poder judicial está entrelazado con el gobernador en turno.
La reforma judicial que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum es esencial, pero la reforma interna de las fiscalías no puede esperar. Urge restaurar la confianza en que una detención ordenada no será saboteada por una filtración o por un juez cómplice. Casos como el de Francisco Cabeza de Vaca, cuya orden de aprehensión por delincuencia organizada lleva pendiente desde 2022 a la espera de la Suprema Corte, son la prueba de fuego.
Finalmente, está la deuda con la transparencia y la rendición de cuentas hacia atrás. Si Gertz Manero fue el gran tapón, y hay indicios de que sus prácticas fueron más que negligencia, la investigación debe alcanzarlo también. No puede haber zonas de impunidad para los exfiscales.
Ernestina Godoy tiene en sus manos la oportunidad de redefinir la procuración de justicia en México. Su primer golpe, contra César Duarte, es un mensaje necesario, pero el verdadero partido se juega en partidos simultáneos; desmantelar las redes de corrupción heredadas, perseguir con imparcialidad a poderosos de ayer y hoy, resolver casos emblemáticos como Ayotzinapa con resultados concretos, y purgar su propia institución. El reloj de la ciudadanía, hastiada de la impunidad como regla, ya está en marcha. El fin de la era Gertz solo tendrá sentido si marca el inicio de una era donde la fiscalía, por fin, responda al pueblo y no a los intereses de unos cuantos y ya no hay pretexto… es hora de hacerlo.