Por Oscar Miguel Rivera Hernández
¡Hola a todos! Hoy les traigo una reflexión que puede tomarse como análisis, impresión o incluso crítica, según su perspectiva. El tema de los desaparecidos ha dejado en crisis, a los gobiernos de todos los niveles, pero principalmente al federal.
En México, la desaparición de personas es un dolor que pega en miles de hogares. Es un problema que, aunque muchos lo atribuyen principalmente al crimen organizado, no puede entenderse sin mirar también hacia el Estado. Y es que, aunque no sea el autor directo de estas desapariciones, su responsabilidad está en juego. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, de buscar a quienes desaparecen y de garantizar que se haga justicia. Sin embargo, en muchos casos, ha fallado.
El lunes 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que “atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional”. Además, aseguró que siempre estaría del lado de las víctimas y de la justicia. Estas palabras, pronunciadas en un ambiente de indignación por los horrores descubiertos en el Rancho Izaguirre, deberían generar un poco de esperanza. Pero, lamentablemente, para muchas familias de desaparecidos, estas declaraciones llegaron tarde y en medio de un ambiente de escepticismo.
Desde el inicio de su campaña presidencial, las víctimas y organizaciones civiles habían pedido a Sheinbaum que reconociera públicamente la crisis de desapariciones y se comprometiera a actuar. Sin embargo, durante meses, la ahora presidenta evitó mencionar el tema de manera explícita. Fue hasta este lunes, bajo la presión de la opinión pública, que finalmente habló del asunto. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué esperar tanto para abordar un problema que ha destrozado tantas vidas?
Es cierto que las palabras son importantes, pero en un país como México, donde la confianza en las instituciones está por los suelos, lo que realmente cuenta son las acciones. Sheinbaum anunció seis medidas para fortalecer la búsqueda de personas, entre las que destacan reformas legales y políticas públicas para mejorar las herramientas de búsqueda establecidas por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGMDF). Estas medidas incluyen ampliar las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y mejorar las plataformas de información forense y administrativa.
Aunque estos anuncios son un paso en la dirección correcta, no podemos ignorar que muchas de estas acciones ya eran obligaciones del Estado. Es decir, no son medidas nuevas, sino compromisos que las autoridades debieron haber cumplido desde hace años. Esto nos lleva a una conclusión incómoda: el Estado mexicano ha incumplido de manera crónica con sus obligaciones en materia de desapariciones. Y este incumplimiento no es un error menor; es una forma de omisión que ha permitido que la crisis crezca y se profundice.
La presidenta Sheinbaum se encuentra ahora en un problema. Por un lado, tiene la oportunidad de abandonar la política de negación que ha caracterizado a su gobierno en sus primeros meses y asumir un liderazgo decidido para enfrentar esta crisis. Por otro, podría seguir el camino de sus predecesores, limitándose a discursos y medidas insuficientes que no abordan el problema de raíz. La decisión que tome definirá no solo su legado, sino también el futuro de miles de familias que siguen esperando respuestas.
Es importante recordar que, aunque el crimen organizado es un actor central en las desapariciones, el Estado no puede lavarse las manos. Las autoridades son responsables por acción u omisión. Cuando el Estado no cumple con su deber de buscar a los desaparecidos, de investigar los casos y de castigar a los responsables, está enviando un mensaje peligroso: que la vida de las personas no importa. Y este mensaje, aunque no sea explícito, tiene consecuencias devastadoras.
La presidenta Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de cambiar esta narrativa. Para lograrlo, no basta con anunciar medidas que ya deberían estar en marcha. Se necesita un compromiso inquebrantable con la justicia y con las víctimas. Esto implica no solo fortalecer las instituciones, sino también garantizar que las autoridades de todos los niveles cumplan con sus obligaciones. Implica escuchar a las familias de los desaparecidos, trabajar de la mano con las organizaciones civiles y, sobre todo, actuar con transparencia y rendición de cuentas.
México no necesita más discursos. Necesita acciones concretas que demuestren que el Estado está realmente comprometido con la vida y la dignidad de sus ciudadanos. Las desapariciones no son solo un problema de seguridad; son una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente y contundente. La pregunta que queda en el aire es: ¿estará la presidenta Sheinbaum a la altura de este desafío? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es clara: las víctimas y sus familias no pueden esperar más.