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Opinión

Inseguridad, responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

Por Oscar Miguel Rivera Hernández

¡Hola! Como cada semana, comparto con ustedes una reflexión o crítica, según prefieran tomarlo. En esta ocasión hablaré sobre la responsabilidad compartida entre el ejecutivo y el poder judicial en lo referente a la inseguridad y la impunidad, así como de la corrupción y el abuso de poder por parte de jueces y ministros.

El Poder Judicial, ese grupo de figuras solemnes y enigmáticas que solían infundir respeto desde su pedestal de imparcialidad, justicia y sabiduría. O al menos, eso era lo que nos contaban en los libros de educación cívica y ética. Pero, como ocurre con muchos mitos, tarde o temprano la verdad sale a la luz, y en este caso la verdad es más incómoda que reveladora. Porque si nos detenemos a analizar la situación, veremos que, lejos de ser los guardianes de la justicia, algunos jueces y ministros se han convertido en maestros del abuso de poder, la corrupción y la impunidad.

Durante años, la inseguridad que azota a México ha sido atribuida principalmente al Ejecutivo. Desde la oposición, era casi un deporte nacional culpar al presidente en turno de cualquier ola de violencia o crisis de seguridad. Y sí, es verdad que Andrés Manuel López Obrador no tomó siempre las mejores decisiones en ese ámbito. Sin embargo, resulta simplista y conveniente endosarle toda la responsabilidad, cuando el verdadero problema tiene raíces mucho más profundas y complejas.

Hemos vivido en un país donde la figura del juez era casi intocable, envuelta en un halo de respeto y misterio. Pero ¡oh, sorpresa! Resulta que, en muchos casos, estos personajes que deberían velar por la justicia son también cómplices de la inseguridad y la impunidad que reinan en nuestras calles. Mientras los delincuentes andan sueltos, los jueces se llenan los bolsillos, aprovechando los huecos legales y las “deficiencias” en los expedientes para liberar a los culpables. Sí, esos mismos que, con una sonrisa cínica, vuelven a las calles a sembrar el caos.

Es casi un guion predecible: se comete un delito, se aprehende al responsable, el caso llega al juez, y ¡voila! De repente, “faltaron pruebas”, “el procedimiento no fue el adecuado” o “el acusado tiene derechos”. ¿Derechos? ¡Por favor! Los derechos son para los ciudadanos que respetan la ley, no para los delincuentes reincidentes que conocen de memoria cómo burlar el sistema judicial. Y lo más indignante es que el Poder Judicial no solo permite estas maniobras, sino que las fomenta, facilitando así que los criminales vuelvan a las calles, mientras las víctimas quedan abandonadas y la sociedad sigue desangrándose.

Y es aquí donde entra la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo no iba a ser necesaria? Llevamos años, décadas, tolerando un sistema judicial que parece más interesado en proteger los intereses de unos pocos poderosos que en defender los derechos de la mayoría. Ministros, jueces y magistrados que deberían ser los primeros en hacer cumplir la ley, pero que, por el contrario, la pervierten en beneficio propio o de quienes les ofrecen una buena “compensación”.

Y claro, ahora que se plantea la reforma, ¿qué hacen los jueces y ministros? ¡Protestan! ¡Se indignan! Al parecer, defender sus privilegios y sus jugosas compensaciones económicas es más importante que el bienestar del país. De repente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte en un bastión de resistencia… pero no de la justicia, sino de la protección de sus propios intereses. Y ahí está Norma Piña, la presidenta de la Corte, liderando la carga contra cualquier cambio que amenace con reducir su poder o exponer la corrupción rampante que ha caracterizado a muchos en el Poder Judicial.

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Las protestas callejeras por la reforma judicial son un espectáculo digno de una tragicomedia. Jueces y ministros que, en lugar de cumplir con su deber, incurren en actos que, irónicamente, ellos mismos deberían condenar. ¿Delitos contra las instituciones? Claro, ¿cómo no? Después de todo, ¿quién mejor que ellos para conocer los vacíos legales que les permitirán salir impunes de cualquier acusación? Estamos hablando de los mismos personajes que, desde su cómoda posición de poder, han pervertido el sistema de justicia al punto de convertirlo en una máquina bien engrasada de impunidad.

Pero no es solo la corrupción lo que alimenta esta crisis; también es la ignorancia de la población, algo que ha sido convenientemente mantenido por los regímenes anteriores. La mayoría de la gente no entiende cómo funciona la separación de poderes, ni qué papel juega el Poder Judicial en la inseguridad que sufrimos. Durante años, nos hicieron creer que toda la culpa recaía en el Ejecutivo, cuando la realidad es que los jueces y magistrados tienen tanta o más responsabilidad en la liberación de delincuentes que vuelven a delinquir.

Así que, cuando vemos a los jueces lloriqueando porque les quieren quitar sus privilegios, no podemos evitar sentir una mezcla de indignación y burla. Han sido los más protegidos durante años, viviendo en una burbuja de impunidad y poder, mientras el resto del país se enfrenta a la violencia y el crimen sin protección alguna. Y ahora que, por fin, se les exige rendir cuentas, reaccionan como si se les estuviera despojando de algo sagrado. Pero no nos engañemos: lo único que están defendiendo es su derecho a seguir enriqueciéndose a costa de la seguridad y el bienestar de todos.

Si algo ha quedado claro en todo este debate, es que los jueces y ministros ya no son esas figuras respetadas que una vez fueron. Han pasado de ser los guardianes de la ley a ser una vergüenza nacional, exhibiendo una vocación por violentar la justicia en lugar de protegerla. Pero, afortunadamente, la población empieza a abrir los ojos, y aunque el camino hacia una justicia verdadera aún es largo, la reforma al Poder Judicial es un paso necesario y urgente.

Es hora de que los jueces y ministros entiendan que su función no es perpetuar la impunidad ni proteger sus privilegios, sino garantizar la justicia. Y si no están dispuestos a hacerlo, entonces quizás deberían buscar otro trabajo. Porque en un país donde la justicia se ha convertido en un chiste de mal gusto, es hora de cambiar el guion.

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