Disfruten lo votado
Campeche. – El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite a las autoridades expropiar terrenos y predios a particulares bajo el concepto de “utilidad pública”. La iniciativa fue impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
La reforma reduce los plazos para que los afectados puedan defenderse: ahora tendrán cinco días, en lugar de quince, antes de perder sus propiedades. Esta medida ha generado polémica y una gran controversia en la entidad gobernada por Morena.
Los legisladores morenistas defendieron la reforma, recordando que expropiaciones similares ya se han aplicado en Campeche, como en las obras del Tren Maya. Por su parte, José Antonio Jiménez Rodríguez señaló que la medida busca una “equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada”, después de años sin actualización de la ley.
Se especula que la reforma tendría dedicatoria al exgobernador y hoy senador Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le expropiarían varias propiedades en la entidad.
El procedimiento aprobado es inapelable en sede administrativa, dejando como única vía el amparo. Legisladores del PRI criticaron la medida, señalando que en Yucatán y Quintana Roo existen mecanismos administrativos que permiten recurrir decisiones de manera rápida sin saturar los tribunales federales.
El diputado Paul Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano, comparó los procedimientos con otros estados: en Jalisco se revierte un bien si no se usa en un año; en Campeche, ahora se difiere a cinco años. En Quintana Roo se paga de inmediato y se otorgan compensaciones fiscales, mientras que en Campeche la indemnización puede tardar hasta diez años. En Tamaulipas se garantiza el valor comercial, en Campeche solo se toma en cuenta el valor de la última transacción, y en el Estado de México se reconocen audiencias de conciliación.
Esta reforma abre un precedente preocupante en Campeche: al concentrar el poder de expropiación en las autoridades y recortar los plazos de defensa, se debilita la protección de los derechos de los propietarios. La comparación con otros estados evidencia que, mientras en la mayoría se buscan mecanismos de compensación rápida y audiencias de conciliación, en Campeche los ciudadanos podrían esperar hasta una década para recibir indemnización.