Por Oscar Miguel Rivera Hernández
¡Hola! En esta ocasión ofrezco una reflexión, crítica, análisis o impresión, como usted lo quiera tomar. En esta ocasión, hablaré sobre el reciente desenlace judicial que enfrenta Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, no solo marca el fin de una etapa oscura en la política de seguridad en México, sino que también revela el profundo deterioro ético y moral que caracterizó los gobiernos de Vicente Fox y Calderón Hinojosa. La condena de García Luna a más de 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico no es un hecho aislado; es, más bien, el resultado de un entramado de corrupción, impunidad y violencia que estos gobiernos trataron de esconder bajo el manto de una supuesta guerra contra el narcotráfico.
Uno de los momentos más reveladores en torno a la figura de García Luna ocurrió en 2009, cuando Gerardo Fernández Noroña, entonces diputado del Partido del Trabajo, lo acusó abiertamente de ser un “asesino” durante una comparecencia en la Cámara de Diputados. En ese momento, muchos lo tomaron como un arrebato político, pero La historia ha dejado en evidencia que Noroña estaba en lo correcto. Con su habitual estilo, directo y combativo, comparó a García Luna con Al Capone, insinuando que, al igual que el infame gánster, podría ser juzgado, no por sus verdaderos crímenes, sino por cuestiones técnicas.
La acusación de Noroña no solo fue audaz, sino casi “profética”. Hoy, García Luna enfrenta una condena que, aunque centrada en sus vínculos con el narcotráfico, revela un sistema podrido hasta la médula, que, durante los sexenios de Fox y Calderón existió. Estos gobiernos no solo permitieron que García Luna se consolidara en una de las posiciones más influyentes en la lucha contra el narcotráfico, sino que también le otorgaron una carta blanca para actuar con total impunidad.
Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes se autodenominan como defensores de la democracia y el Estado de derecho, fueron, en realidad, los principales facilitadores del ascenso de figuras tan siniestras como García Luna. Durante su mandato, Fox integró a García Luna en posiciones clave dentro del gobierno federal, ignorando por completo las advertencias de quienes, como Anabel Hernández y otros periodistas, señalaban desde entonces su presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Calderón, por su parte, no solo perpetuó esta política de omisión deliberada, sino que convirtió a García Luna en el arquitecto de su fallida “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que no solo resultó ineficaz, sino que agravó la violencia y la inseguridad en el país. Bajo el mando de García Luna, la Policía Federal se convirtió en un brazo represor que operaba sin control ni supervisión, perpetrando actos de violencia sistemática bajo el pretexto de combatir al crimen organizado. El resultado fue desastroso, ya que dejó miles de muertos, desapariciones forzadas y un país sumido en el caos.
En la actualidad, la sentencia de García Luna ha desatado una serie de reacciones, particularmente en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), donde figuras cercanas a Calderón han salido en su defensa. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, fue uno de los primeros en arremeter contra Marko Cortés, presidente del PAN, quien exigió a Calderón explicaciones sobre su cercanía con García Luna. En lugar de mostrar autocrítica, Cordero y otros exfuncionarios, como Martín Orozco y Javier Lozano, prefieren atacar a Cortés y a quienes hoy cuestionan la responsabilidad de Calderón en este vergonzoso episodio.
Durante su juicio, el juez Brian Cogan describió a García Luna como un hombre con una “doble vida”. Vestido de manera elegante, García Luna aparentaba ser un funcionario respetable y comprometido con la ley. Sin embargo, detrás de esa fachada, se ocultaba un hombre que facilitó el crecimiento y fortalecimiento del Cártel de Sinaloa. “Usted quizá no tiró del gatillo, pero tiene sangre en sus manos”, le dijo la fiscal Saritha Komatireddy durante la audiencia. Estas palabras no solo resumen la responsabilidad de García Luna en la violencia que ha azotado a México durante las últimas décadas, sino que también reflejan la complicidad de quienes lo pusieron en el poder.
El 21 de febrero, en un giro judicial relevante, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna. La sentencia revocó la decisión del Juzgado Décimo Segundo, que había negado el amparo a Pereyra Gálvez por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019. Esta medida había sido implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como precaución ante las investigaciones en curso sobre su posible participación en una trama de lavado de dinero, vinculada a su esposo. Además, Pereyra Gálvez enfrenta una demanda civil en Florida, Estados Unidos, donde se le acusa de haber facilitado la sustracción de 745.8 millones de dólares del erario mexicano, transferidos posteriormente a Miami. Esta decisión coincidió con el veredicto de culpabilidad emitido contra García Luna en Estados Unidos, lo que agrava aún más el panorama judicial para la pareja.
La defensa de García Luna por parte de figuras como Cordero y Lozano es tan absurda como reveladora. En lugar de aceptar la responsabilidad de haber apoyado a un criminal en el seno del gobierno, prefieren atacar a quienes, como Marko Cortés, piden una rendición de cuentas. Este silencio cómplice de muchos panistas contrasta con las denuncias que, desde 2009, Gerardo Fernández Noroña y otros políticos de izquierda hicieron en su momento. La diferencia es que, hoy, ya no pueden negar la verdad.
La sentencia de García Luna no solo es un golpe para su reputación, sino para la de los gobiernos de Fox y Calderón, así como del partido político que los llevó a la silla, Acción Nacional. Ambos expresidentes deben ser responsables de haber permitido que un hombre tan corrupto y peligroso operara al más alto nivel del gobierno. La historia juzgará a García Luna por sus crímenes, pero también a quienes, desde el poder, lo protegieron y encubrieron.