+ Lo asesinaron en Apatzingán
Apatzingán, Mich. — Tres días después de advertir públicamente que no permitiría que el Tianguis Limonero de Apatzingán se llenara de intermediarios controlados por el crimen organizado, el productor y líder agrícola Bernardo Bravo Manríquez fue hallado sin vida en la Tierra Caliente de Michoacán.
El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), conocido por denunciar las extorsiones y la impunidad con la que operan grupos criminales en la región, fue encontrado dentro de su camioneta gris, con huellas de tortura y un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue localizado sobre el camino Apatzingán–Tepetates.
Bravo Manríquez, de 43 años, había encabezado en días previos protestas y llamados públicos para impedir la entrada de “coyotes” —intermediarios ligados al crimen organizado— al tianguis local. Pedía a las autoridades apoyo real para proteger a los productores y mejorar los precios del limón. No lo logró: en su lugar, fue asesinado, mientras el gobierno solo observa cómo el crimen organizado hace del país lo que quiere.
“El lunes no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él”, declaró el 16 de octubre en un video difundido por redes sociales.
Pero no llegó al lunes: durante la madrugada fue ejecutado.
Su asesinato recordó a muchos el de su padre, “Don Berna”, también productor, quien fue secuestrado y torturado hace casi una década tras negarse a pagar cuotas a grupos criminales.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, la necropsia reveló que el líder fue golpeado en la cabeza con un arma y posteriormente ejecutado con un disparo calibre .38. El motor del vehículo seguía encendido al momento del hallazgo, pero no se encontraron sus pertenencias.
Días después fue detenido Rigoberto López Mendoza, alias “El Pantano”, identificado como líder de Los Blancos de Troya y presunto autor intelectual del crimen. Este grupo, junto con Los Viagras, Cárteles Unidos, Los Templarios y el Cártel de Tepalcatepec, mantiene una violenta disputa por el control del limón y el aguacate en la región.
El asesinato de Bravo Manríquez expuso nuevamente el entramado criminal que desde hace más de una década oprime al sector agrícola de Michoacán. Pese a la instalación de un cuartel militar en febrero pasado —logro impulsado por la propia Asociación de Citricultores presidida por Bravo Manríquez— y al despliegue de cientos de elementos federales y estatales, la extorsión y las amenazas siguen siendo el pan de cada día para los campesinos.
Hoy, el crimen de quien defendió con voz firme al campo michoacano vuelve a mostrar el costo de alzar la voz en un territorio donde el limón, símbolo de prosperidad, se volvió también un fruto de sangre.
O pagas o te desaparecen
En 2013, Los Templarios tenían bajo su dominio a aguacateros y limoneros mediante el cobro de cuotas. En el caso del limón, se pagaban al menos dos pesos por kilo de fruta cortada; ahora la extorsión alcanza hasta cuatro pesos.
Aun con el despliegue de autoridades federales y estatales, doce años después cinco grupos del crimen organizado se disputan el control de la producción, el comercio y la extorsión del limón y el aguacate.
Los productores relatan que el mecanismo de sometimiento es doble: pagan una cuota al cártel grande —principalmente Los Viagras— y otra a grupos locales, como Los Templarios, que exigen un segundo cobro “por derecho de piso rural”.
“Nos cobran por sacar el limón, por venderlo y hasta por cargarlo al camión. Si no pagas, te desaparecen”, dijo a Grupo REFORMA un productor.
La misma dinámica afecta al aguacate, donde las extorsiones alcanzan a productores, empacadores y transportistas.
Y es que la extorsión se ha convertido en un negocio millonario: en el caso de los limoneros y aguacateros de la región, esta actividad deja ganancias semanales de hasta 30 millones de pesos a los grupos criminales, según estimaciones empresariales.