La Cámara de Diputados avaló la polémica reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La modificación tiene defensores y detractores, pues si bien busca que se incrementen al 100% las percepciones de los trabajadores que decidan jubilarse, ésta se consolidará con el dinero de 2.2 millones de cuentas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), correspondientes a adultos mayores de 70 años que se encuentran inactivas desde hace una década.
Ante esto, expertos, empresarios y miembros de la oposición acusaron que se trata de un “robo” a un sector de la población vulnerable y desinformado.
Su aprobación en lo general se alcanzó con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, mientras que se procedió al análisis y votación particular de 230 reservas a distintos artículos por las fuerzas políticas de la Cámara baja
También aprueban Ley de Amparo,
La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma a la Ley de Amparo, por 258 votos en favor y 213 en contra, que establece que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
Diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI presentaron cuatro mociones suspensivas que no fueron aceptadas por la mayoría, en votación económica. Al fijar posturas de los grupos parlamentarios, los diputados de oposición señalaron que las modificaciones representan una venganza del presidente López Obrador contra el Poder Judicial por las sentencias en contra de sus obras insignia.
La modificación a la Ley de Amparo restringe la capacidad de los jueces para suspender normativas y leyes que podrían ser inconstitucionales. Esta reforma se deriva de la pugna permanente que sostiene el Presidente con la Corte, ya que era el único poder capaz de hacer un ejercicio de contrapesos y suspendía aquellas actuaciones presidenciales para revisar su constitucionalidad y, en su caso, detenerlas.
Con la aprobación de la nueva reforma los legisladores de Morena advirtieron que esta es el inicio de un proyecto mayor para modificar al Poder Judicial, y adelantaron que presentarán diversas iniciativas: una para que la Cámara de Diputados o la de Senadores, con dos terceras partes, pueda revocar la invalidez de una ley, que dicte una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y otra para que se realice una consulta ciudadana, antes de que la Suprema Corte emita un dictamen, sobre un caso que involucre la actuación del gobierno federal.
“Si la Corte la tirara (la reforma a la Ley de Amparo), se va a volver a presentar, hasta que haya una mayoría de ministras que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”, aseguró el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena).
“Qué un solo juez de amparo o tres magistrados de colegiado declaren que una ley es inconstitucional con efectos generales, es anteponer a una persona o tres personas frente a la potestad soberana de 628 representantes de elección popular, eso no lo aceptamos, no aceptamos el gobierno de los jueces en México”, expresó.
Por el contrario, el diputado José Juan Barrientos (PRD) señaló que la reforma propuesta por Morena es para vengarse del Poder Judicial por invalidar diversas leyes o detener la construcción de proyectos del Ejecutivo, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).