Nacional

Concede Juez primer amparo contra cancelación de estancias

El Informador.- Ordena que el apoyo federal sea entregado a la responsable de la estancia infantil y no a la madre, además de que su monto sea de 950 pesos y no de 800.

Un juez federal concedió el primer amparo contra la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de Estancias Infantiles.

El juicio de amparo 674/2019 fue tramitado en abril pasado, y este jueves el Juez Segundo de Distrito con sede en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, concedió la protección federal a Viviana “N”, quien tramitó el amparo a nombre de su hijo y de Yadira “N”, operadora de la estancia infantil a la que asistía el menor, para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, les restablezca el apoyo que recibían conforme a las reglas de 2018.

Es decir, que no se aplique la reducción presupuestal prevista en las reglas de operación emitidas en febrero pasado por el gobierno federal, que implicaban un pago de 800 pesos por niño en lugar de 950 pesos mensuales, y que los recursos se entreguen a la responsable de la Estancia Infantil y no a los padres de familia, como estableció la Secretaría de Bienestar.

“La Secretaría de Bienestar ordene las adecuaciones necesarias para cubrir el monto del programa en la forma en que se venía haciendo conforme a las Reglas de Operación 2018, esto es, por el monto de novecientos cincuenta (pesos) por niño inscrito al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y que el recurso se entregue conforme a esta última normatividad, esto es, directamente al operador de la estancia infantil, en este caso, la quejosa Yadira ‘N’, no así a los padres de los menores”, precisó el juez.

La sentencia fue emitida este jueves, por lo que la Administración de Andrés Manuel López Obrador puede impugnarla mediante un recurso de revisión.

El juez indicó que si las adecuaciones presupuestarias que realice la Secretaría de Bienestar no resultan suficientes para entregar los montos conforme a lo ordenado en la sentencia, la Cámara de Diputados debe realizar lo necesario para que la reducción presupuestal prevista para el ejercicio 2019 no le afecte a la operadora de la estancia infantil que ganó el amparo.

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